La falta de transparencia en la relación entre el Estado y las
universidades nacionales ha permitido gravísimos abusos en los últimos años
Editorial de diario La Nación
Entre las muchas irregularidades que caracterizaron a la gestión
kirchnerista, es necesario investigar debidamente las vinculadas con los
presuntos hechos de corrupción en la administración de fondos públicos
derivados a universidades nacionales.
Todo comenzó
con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 204/2004, por el cual el
entonces presidente Néstor Kirchner reformó el Reglamento de Contrataciones de
la Administración Nacional con la finalidad de permitir la contratación directa
con las universidades nacionales. Sostuvo que las casas de estudio son entes de
reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual hace de
ellas un calificado recurso no sólo para abordar las tareas de asesoramiento
que requieren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional,
sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado.
El
argumento sonaba convincente, en aquel momento. El problema no radicaba en la
razonabilidad de la justificación, sino en las modalidades que se utilizaron
para alterarlo. La discusión fue y es sobre las finalidades impropias con las
cuales se empleó el mecanismo de contratación directa.
Las
universidades nacionales funcionaron, en muchísimos casos, para canalizar
recursos sin ningún control. El presupuesto destinado a las universidades
durante 2015 fue de 47.000 millones de pesos, equivalentes al 1% del producto
bruto interno. El rendimiento de semejante inversión ha dejado mucho que
desear. Según las cifras de 2015, la relación entre estudiantes y egresados es
alarmante; en ellas logra graduarse sólo el 30% de los ingresantes.
La
situación de descontrol de los últimos años trepó a niveles inusitados. A
mediados del año pasado, el titular de la Fiscalía Federal N° 5 de la Capital
Federal, Leonel Gómez Barbella, impulsó la investigación sobre funcionarios de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El foco de la
denuncia fue el destino dado a unos 140 millones de pesos provenientes de los
contratos de asistencia y capacitación que brinda la facultad al subcontratar a
los prestadores a través de diferentes personas vinculadas a las unidades de
coordinación creadas para cada convenio en particular.
En
septiembre último, otro fiscal imputó, entre otros, a Luis Giusti -ex decano de
la Facultad de Ciencias Económicas y Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda
y Administración de la UBA, por sospechar que ellos habrían utilizado sus
cargos para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas hacia
proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente
vinculados.
Si bien
son denuncias en curso de investigación, los hechos analizados por la Justicia
responden al patrón de la discrecionalidad en las adjudicaciones. El mecanismo
habría consistido en la triangulación de compras por intermedio de las
universidades para evitar controles presupuestarios y legales.
Son
muchas las denuncias sobre sospechosas triangulaciones que han unido al
Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido, con
universidades nacionales como las de La Matanza y de San Martín, con el fin de
realizar distintos trabajos para los cuales las casas de estudios terminaban
subcontratando empresas amigas de funcionarios gubernamentales por cifras
millonarias.
El
ministro de Modernización, Andrés Ibarra, impulsó que el presidente Macri
dictara el decreto 336/2016, por el cual se dejan sin efecto, a partir del 1°
de abril, los convenios celebrados entre la administración pública nacional y
las universidades nacionales cuya continuidad no haya sido expresamente
solicitada hasta el día de hoy y se crea un registro de convenios del Estado
nacional con las universidades y otras entidades educativas, que es de esperar
que permita un fácil acceso a la información.
En el
último informe elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina ocupó la
poco honorable posición 107 sobre 167 países. No puede sorprender que las
naciones mejor ubicadas en ese informe cuenten con sistemas universitarios de
mayor prestigio que el nuestro. Educación, salud y justicia son bienes públicos
que fundamentalmente dependen de una honesta administración.
Recientemente,
Gabriela González, investigadora formada en la Universidad de Córdoba y
actualmente profesora en la Universidad del Estado de Luisiana, sorprendió al
mundo al anunciar el resultado del proyecto LIGO, que detectó las ondas
gravitacionales. La noticia contrasta con las malas prácticas en el manejo de
fondos públicos en nuestras casas de altos estudios.
Su
participación habla del gran potencial de nuestros universitarios. Resta
administrar las universidades nacionales siguiendo los objetivos públicos a los
que están destinadas, en forma sensata y decente.
LUNES 29 DE
FEBRERO DE 2016
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