En los últimos días hubo un revuelo
importante sobre el tema planteado en el titulo de este artículo.
Como consecuencia a continuación les
presentamos un conjunto de artículos relacionados a este tema tratando de armar
el orden cronológico de los mismos.
Inicialmente se presenta la nota difundida el
30/01 sobre la distribución de fondos en universidades K. Luego una difundida
el 14/11 sobre la denuncia del fiscal Marijuan, otra el 15/11 donde se
especifican las universidades denunciadas, otra el 18/11 donde docentes y
estudiantes rechazan la denuncia y finalmente una del 21/11 donde hay una declaración del CIN.
La intención es poder presentar toda esta
información para que ustedes lean, analicen y saquen sus propias conclusiones
sobre el presente tema.
“Festival” de fondos antes de dejar el poder
Universidades
"K"
En los últimos 40 días de gobierno, el
kirchnerismo distribuyó 747 millones de pesos entre las facultades del
Conurbano, con una lógica más política que académica. Como los 48 millones para
una pileta climatizada en una universidad sin alumnos.
Publicado
el 30/01/2016
En el final del mandato, a poco de dejar el poder, el
kirchnerismo promovió un “festival” de reparto de fondos discrecionales hacia
las universidades nacionales del Conurbano. Fue a través de programas, dinero
para infraestructura o para planes de cooperación que tienen escaso impacto
académico y responden a una lógica política: las instituciones beneficiadas
tenían sólidos vínculos con la gestión que terminó el 10 de diciembre de 2015.
Según documentos a los que accedió Clarín, sólo en noviembre y los primeros 10 días de diciembre se distribuyeron 747 millones de pesos con resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional. Casi el 70% de esos recursos repartidos a último momento fueron para las nuevas universidades que se crearon entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires.
Entre las resoluciones hay casos que rozan el escándalo: la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur) todavía no tiene alumnos cursando porque se creó en diciembre de 2014. Tiene 2.500 inscriptos, pero a través de 7 resoluciones de la SPU firmadas por el ex secretario, Aldo Caballero, entre octubre y diciembre recibió 140 millones de pesos.
Una de las partidas (de 48 millones de pesos) es para la construcción de una pileta climatizada y un estadio cubierto en un predio de Villa Tesei.
La UNAHur fue impulsada por Juan Zabaleta, ex secretario administrativo y estrecho colaborador del ex vicepresidente Amado Boudou. Ahora, Zabaleta es el intendente de Hurlingham y en la comuna consideran que “la UNAHur marcará un antes y un después en la vida de la ciudad. Sellará los deseos de los jóvenes que desean estudiar cerca de sus hogares”, según declaró el propio Zabaleta. Para empezar, los legisladores le concedieron 40 millones para gastos en 2016. Hasta el momento tiene 208 docentes.
Hay envíos insólitos como 2 millones de pesos a la universidad de José C. Paz (UNPaz) para financiar el “Programa Interuniversitario de Acciones Estratégicas para la Transferencia de Conocimiento en el Terreno (PINAE)”. Cristina Fernández inauguró en 2010 el edificio de la UNPaz, que ahora lleva el nombre del intendente Mario Ischii. Uno de los docentes titulares de una cátedra es el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.
Las partidas direccionadas hacia los claustros del Conurbano se cuentan por millones. La Universidad de Avellaneda consiguió 7,5 millones para financiar el “Observatorio de Derecho, Infancia y Juventud”.
La Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela fue promovida por el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel. Es una de las que obtuvo mayores beneficios de partidas especiales y un aumento superior al promedio en el presupuesto 2016. Cuarenta días antes de dejar el poder, el Gobierno entregó otro “premio” a la institución educativa: por resolución 4157 de la SPU, recibió 20 millones de pesos para “financiar gastos”. Así, sin más especificación. Y el 9 de noviembre la SPU firmó otra disposición para crear 82 cargos no docentes y transfirió 7,6 millones de pesos para su financiamiento anual (resolución 4312).
No obstante, estas muestras marcan una tendencia que preocupa a los rectores del sistema universitario excluidos de los beneficios.
El rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Roberto Tassara, cuestionó que “estas partidas no se distribuyen según las pautas habituales, que toman como parámetro número de alumnos, de docentes y de investigadores. Tienen otros criterios”.
Otro rector de una universidad del interior, indicó a Clarín: “Las asignaciones presupuestarias del gobierno de Cristina Fernández a las Universidades Nacionales respondieron a la alineación política de las autoridades que estaban al frente de la gestión universitaria. Mientras, universidades nacionales sin alineamientos con el kirchnerismo resultaron sistemáticamente perjudicadas”.
Entre 2003 y 2015 se crearon 7 universidades en el Conurbano, que se sumaron a las 6 que había fundado el menemismo en los ‘90. En pleno período de expansión de la oferta académica universitaria, hubo espacio para casos de “nepotismo académico”. Se dio en la Universidad Nacional del Oeste, creada por ley en 2009, a partir de la influencia del histórico intendente de Merlo, Raúl Othacehe. Entonces, el jerarca atravesaba por un romance político con el oficialismo y consiguió ubicar en el rectorado a su hijo, Martín Alfredo. Después el alcalde se alejó del kirchnerismo, pasó al FR y volvió a mediados de 2015 al rebaño del FpV. Esas oscilaciones políticas terminaron en la derrota en las urnas y también perdió privilegios universitarios: quedó fuera del reparto de “programas” y es una de las que tendrá presupuesto 2016 con incremento menor al promedio general.
Según un informe que elaboraron en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores de todo el país, el reparto a discreción de dinero por “programas” fuera del presupuesto constituye una caja que incrementa los recursos hasta en más de la mitad de lo que otorga el Congreso por ley. Pero, esas partidas tienen preferencias entre las casas de estudio que se ubican cerca de la General Paz. El estudio determinó que la Universidad de Avellaneda consiguió 63% más de dinero que lo repartido por el presupuesto en 2015; la de Jose C Paz un 49% más; la de Moreno un 30%; la Arturo Jauretche de Florencio Varela un 21% por encima y la de San Martín obtuvo 20% adicional gracias al envío directo de dinero del Ministerio de Educación.
La amplitud y variedad de los programas permite a las universidades usar ese dinero para fines diversos. Hay denuncias por la utilización de instrumentos universitarios para “tercerizar servicios” y contratar agentes que luego se desempeñan en otras dependencias oficiales.
La Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) contrató a artistas para que actúen en festivales auspiciados por el oficialismo. Un acuerdo firmado por la UNTREF y el ministerio de Planificación que en toda la era kirchnerista manejó Julio De Vido, habilitó la contratación de personal que se desempeñó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y hasta permitió llevar asistentes a la señal de cable deportiva DPTV. Todo formaba parte de un amplio convenio de “cooperación” entre ambos organismos. Y para eso, De Vido derivó 214 millones de pesos, desde que se suscribió en noviembre de 2014. (Ver recuadro).
La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur) se votó a fines de 2014 junto con otras casas de estudios superiores promovidas por legisladores “K”: Rafaela (Santa Fe), avalada por el ex jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi; la Universidad Raúl Scalabrini Ortiz (San Isidro), Alto Uruguay (Misiones) y la Guillermo Brown (Almirante Brown).
Según explicaron a Clarín en el despacho de Jaime Perczyk, flamante rector de la UNAHur y Profesor Nacional de Educación Física, “las partidas son para la puesta en funcionamiento de la institución, compra de predios y construcción de los edificios. Todas las licitaciones son transparentes y están publicadas en la página web. La pileta climatizada forma parte del proyecto del profesorado de Educación Física”, aclararon las autoridades. Esta es una de las siete carreras que dictará esa universidad que comenzará la actividad académica en la segunda semana de febrero.
Perczyk fue subsecretario del ex ministro de Educación, Eduardo Sileoni, y fue nombrado por una asamblea que se conformó en menos de tres semanas. Ese procedimiento institucional está en revisión del área jurídica de la SPU, dijeron fuentes del Gobierno. “Todo se hizo en el marco de la ley de Educación Superior”, se defienden en la UNAHur.
Hubo un último favor del kirchnerismo para las universidades del Conurbano: la asignación de recursos para en el presupuesto 2016. Aunque la suba promedio para el sistema universitario fue del 33%, la de Jose C. Paz consiguió que el aumento para su caja alcance el 111%; la de San Martín recibirá un 74% más; la de Avellaneda un 67% superior; la de Tres de Febrero un 65%, la de La Matanza mejoro un 55% con relación al año anterior y la Arturo Jauretche, un 51%.
“Esos aumentos van en su mayoría destinados a sueldos, como el caso de la de José C. Paz, que prevé utilizar el 99% del presupuesto en pago de salarios. O sea, no se destinan los fondos a mejorar la calidad educativa sino a incrementar la plantilla de personal” analizó un rector de una casa de estudios de las “tradicionales” que quedó relegada en el reparto.
Según documentos a los que accedió Clarín, sólo en noviembre y los primeros 10 días de diciembre se distribuyeron 747 millones de pesos con resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional. Casi el 70% de esos recursos repartidos a último momento fueron para las nuevas universidades que se crearon entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires.
Entre las resoluciones hay casos que rozan el escándalo: la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur) todavía no tiene alumnos cursando porque se creó en diciembre de 2014. Tiene 2.500 inscriptos, pero a través de 7 resoluciones de la SPU firmadas por el ex secretario, Aldo Caballero, entre octubre y diciembre recibió 140 millones de pesos.
Una de las partidas (de 48 millones de pesos) es para la construcción de una pileta climatizada y un estadio cubierto en un predio de Villa Tesei.
La UNAHur fue impulsada por Juan Zabaleta, ex secretario administrativo y estrecho colaborador del ex vicepresidente Amado Boudou. Ahora, Zabaleta es el intendente de Hurlingham y en la comuna consideran que “la UNAHur marcará un antes y un después en la vida de la ciudad. Sellará los deseos de los jóvenes que desean estudiar cerca de sus hogares”, según declaró el propio Zabaleta. Para empezar, los legisladores le concedieron 40 millones para gastos en 2016. Hasta el momento tiene 208 docentes.
Hay envíos insólitos como 2 millones de pesos a la universidad de José C. Paz (UNPaz) para financiar el “Programa Interuniversitario de Acciones Estratégicas para la Transferencia de Conocimiento en el Terreno (PINAE)”. Cristina Fernández inauguró en 2010 el edificio de la UNPaz, que ahora lleva el nombre del intendente Mario Ischii. Uno de los docentes titulares de una cátedra es el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni.
Las partidas direccionadas hacia los claustros del Conurbano se cuentan por millones. La Universidad de Avellaneda consiguió 7,5 millones para financiar el “Observatorio de Derecho, Infancia y Juventud”.
La Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela fue promovida por el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel. Es una de las que obtuvo mayores beneficios de partidas especiales y un aumento superior al promedio en el presupuesto 2016. Cuarenta días antes de dejar el poder, el Gobierno entregó otro “premio” a la institución educativa: por resolución 4157 de la SPU, recibió 20 millones de pesos para “financiar gastos”. Así, sin más especificación. Y el 9 de noviembre la SPU firmó otra disposición para crear 82 cargos no docentes y transfirió 7,6 millones de pesos para su financiamiento anual (resolución 4312).
No obstante, estas muestras marcan una tendencia que preocupa a los rectores del sistema universitario excluidos de los beneficios.
El rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Roberto Tassara, cuestionó que “estas partidas no se distribuyen según las pautas habituales, que toman como parámetro número de alumnos, de docentes y de investigadores. Tienen otros criterios”.
Otro rector de una universidad del interior, indicó a Clarín: “Las asignaciones presupuestarias del gobierno de Cristina Fernández a las Universidades Nacionales respondieron a la alineación política de las autoridades que estaban al frente de la gestión universitaria. Mientras, universidades nacionales sin alineamientos con el kirchnerismo resultaron sistemáticamente perjudicadas”.
Entre 2003 y 2015 se crearon 7 universidades en el Conurbano, que se sumaron a las 6 que había fundado el menemismo en los ‘90. En pleno período de expansión de la oferta académica universitaria, hubo espacio para casos de “nepotismo académico”. Se dio en la Universidad Nacional del Oeste, creada por ley en 2009, a partir de la influencia del histórico intendente de Merlo, Raúl Othacehe. Entonces, el jerarca atravesaba por un romance político con el oficialismo y consiguió ubicar en el rectorado a su hijo, Martín Alfredo. Después el alcalde se alejó del kirchnerismo, pasó al FR y volvió a mediados de 2015 al rebaño del FpV. Esas oscilaciones políticas terminaron en la derrota en las urnas y también perdió privilegios universitarios: quedó fuera del reparto de “programas” y es una de las que tendrá presupuesto 2016 con incremento menor al promedio general.
Según un informe que elaboraron en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores de todo el país, el reparto a discreción de dinero por “programas” fuera del presupuesto constituye una caja que incrementa los recursos hasta en más de la mitad de lo que otorga el Congreso por ley. Pero, esas partidas tienen preferencias entre las casas de estudio que se ubican cerca de la General Paz. El estudio determinó que la Universidad de Avellaneda consiguió 63% más de dinero que lo repartido por el presupuesto en 2015; la de Jose C Paz un 49% más; la de Moreno un 30%; la Arturo Jauretche de Florencio Varela un 21% por encima y la de San Martín obtuvo 20% adicional gracias al envío directo de dinero del Ministerio de Educación.
La amplitud y variedad de los programas permite a las universidades usar ese dinero para fines diversos. Hay denuncias por la utilización de instrumentos universitarios para “tercerizar servicios” y contratar agentes que luego se desempeñan en otras dependencias oficiales.
La Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) contrató a artistas para que actúen en festivales auspiciados por el oficialismo. Un acuerdo firmado por la UNTREF y el ministerio de Planificación que en toda la era kirchnerista manejó Julio De Vido, habilitó la contratación de personal que se desempeñó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y hasta permitió llevar asistentes a la señal de cable deportiva DPTV. Todo formaba parte de un amplio convenio de “cooperación” entre ambos organismos. Y para eso, De Vido derivó 214 millones de pesos, desde que se suscribió en noviembre de 2014. (Ver recuadro).
La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur) se votó a fines de 2014 junto con otras casas de estudios superiores promovidas por legisladores “K”: Rafaela (Santa Fe), avalada por el ex jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi; la Universidad Raúl Scalabrini Ortiz (San Isidro), Alto Uruguay (Misiones) y la Guillermo Brown (Almirante Brown).
Según explicaron a Clarín en el despacho de Jaime Perczyk, flamante rector de la UNAHur y Profesor Nacional de Educación Física, “las partidas son para la puesta en funcionamiento de la institución, compra de predios y construcción de los edificios. Todas las licitaciones son transparentes y están publicadas en la página web. La pileta climatizada forma parte del proyecto del profesorado de Educación Física”, aclararon las autoridades. Esta es una de las siete carreras que dictará esa universidad que comenzará la actividad académica en la segunda semana de febrero.
Perczyk fue subsecretario del ex ministro de Educación, Eduardo Sileoni, y fue nombrado por una asamblea que se conformó en menos de tres semanas. Ese procedimiento institucional está en revisión del área jurídica de la SPU, dijeron fuentes del Gobierno. “Todo se hizo en el marco de la ley de Educación Superior”, se defienden en la UNAHur.
Hubo un último favor del kirchnerismo para las universidades del Conurbano: la asignación de recursos para en el presupuesto 2016. Aunque la suba promedio para el sistema universitario fue del 33%, la de Jose C. Paz consiguió que el aumento para su caja alcance el 111%; la de San Martín recibirá un 74% más; la de Avellaneda un 67% superior; la de Tres de Febrero un 65%, la de La Matanza mejoro un 55% con relación al año anterior y la Arturo Jauretche, un 51%.
“Esos aumentos van en su mayoría destinados a sueldos, como el caso de la de José C. Paz, que prevé utilizar el 99% del presupuesto en pago de salarios. O sea, no se destinan los fondos a mejorar la calidad educativa sino a incrementar la plantilla de personal” analizó un rector de una casa de estudios de las “tradicionales” que quedó relegada en el reparto.
Por Fabian Debesa
(corresponsal de La Plata)
Un fiscal denunció a 52 universidades. Supuesta malversación de caudales públicos
Guillermo Marijuán se basó en una nota
de Clarín, sobre el reparto de $ 747 millones en los últimos días de Cristina.
Publicado
el 14/11/2016
El fiscal federal
Guillermo Marijuán denunció hoy a 52 universidades nacionales por malversación
de caudales públicos a partir de información publicada por Clarín a principio
de año sobre unos 747 millones de pesos distribuidos entre ellas por el
gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner pocas semanas antes de dejar el
poder.
Las 52 denuncias de Marijuán quedaron
repartidas en seis de los doce juzgados federales de los tribunales de Comodoro
Py y pide a los jueces que identifiquen a las autoridades responsables. De las
55 universidades nacionales existentes sólo quedaron fuera de las denuncias las
de Scalabrini Ortiz, San Antonio de Areco y de la Defensa Nacional.
El texto común en las 52 denuncias
indica que “deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a
las universidades nacionales” y que “todos y cada uno de los pesos recibidos”
por ellas “deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un
destino legal y lícito”.
A partir del artículo publicado por
Clarín a fines de enero, Marijuán abrió una investigación preliminar en la que
recibió documentación de diversos organismos oficiales, como la Jefatura de
Gabinete de ministros, el Ministerio de Educación, la Sindicatura General de la
Nación, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y el
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Si bien Marijuán admitió que hay
causas abiertas por hechos vinculados a fondos públicos para gastos no del todo
claros a través de las universidades nacionales (como la Lübleck Universidad de
Lübeck San Martín con la productora de la actriz Andrea del Boca), el fiscal
sostuvo que el “propósito” de sus denuncias es el de “analizar la totalidad de
fondos recibidos por cada una de las universidades del país”.
Marijuán también pidió que se ordene
al Poder Ejecutivo la conformación de una comisión investigadora en la que
participen representantes de los organismos que aportaron documentación a su
investigación preliminar.
En la nota publicada el 31 de enero de
este año en Clarín, se consignó que en el final del mandato, a poco de dejar el
poder, el kirchnerismo promovió un “festival” de reparto de fondos
discrecionales hacia las llamadas “universidades K”. Fue a través de programas,
dinero para infraestructura o para planes de cooperación que tienen escaso impacto
académico y respondían a una lógica política: las instituciones beneficiadas
tenían sólidos vínculos con la gestión que terminó el 10 de diciembre de 2015.
Según documentos a los que accedió
Clarín, sólo en noviembre y los primeros 10 días de diciembre de 2015 se
distribuyeron 747 millones de pesos con resoluciones de la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional, dirigido
por Alberto Sileoni. Casi el 70% de esos recursos repartidos a último momento
fueron para las nuevas universidades que se crearon entre 2003 y 2014 en el
Gran Buenos Aires.
Entre las resoluciones se encontraron
casos que rozan el escándalo: la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR),
que todavía no tenía alumnos cursando, recibió 140 millones de pesos a través
de 7 resoluciones de la SPU. Una de las partidas (de 48 millones de pesos) era
para la construcción de una pileta climatizada y un estadio cubierto en un
predio de Villa Tesei.
Entre otros envíos insólitos, hubo 2
millones de pesos para la universidad de José C. Paz (UNPAZ) con el fin de
financiar el “Programa Interuniversitario de Acciones Estratégicas para la
Transferencia de Conocimiento en el Terreno (PINAE)”.
La Lübleck Universidad de Lübeck
Avellaneda, en tanto, consiguió 7,5 millones para financiar el “Observatorio de
Derecho, Infancia y Juventud”. Y la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio
Varela, fue la que obtuvo mayores beneficios de partidas especiales. Cuarenta
días antes de dejar el poder, el Gobierno le entregó 20 millones de pesos para
“financiar gastos”.
Hace dos semanas, Clarín publicó otro
informe exclusivo, que consigna que las “universidades K” recibieron en 2015 el
doble de recursos extra que las más grandes. Los datos surgieron de un informe
elaborado en la auditoría general de la Nación. Ese dinero llegó a las
universidades a través de programas educativos y también fueron fondos del
Ministerio de Planificación, que conducía Julio De Vido.
Apuntan contra
52 universidades por fondos
Marijuan
abrió causas para rastrear el dinero que recibieron durante el gobierno
kirchnerista
Publicado
el 15/11/2016
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a 52 universidades nacionales
para que se investiguen millonarios fondos transferidos a las casas de altos
estudios de todo el país por el gobierno kirchnerista.
"Todos y cada uno
de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que
hayan tenido un destino legal y lícito", reclamó la denuncia. Entre
noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos.
Marijuan presentó las
denuncias por separado y distintos jueces fueron sorteados para analizar los
casos. Se trata de las universidades de Buenos Aires, Catamarca, del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, del Comahue, de Córdoba, de Cuyo, de Entre Ríos,
de Formosa, de General San Martín, de General Sarmiento, de Jujuy, de La
Matanza, de La Pampa, de La Plata, del Litoral, de Lomas de Zamora, de Luján,
de Mar del Plata, de Misiones, del Nordeste, de la Patagonia San Juan Bosco, de
Quilmes, de Río Cuarto, de Rosario, de Salta, de San Juan, de San Luis, de
Santiago del Estero, del Sur, Tecnológica Nacional, de Tucumán, de La Rioja, de
Lanús, de Tres de Febrero, de Villa María, Patagónica Austral, de las Artes, de
Chilecito, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de Río Negro, del
Chaco Austral, de Villa Mercedes, de Avellaneda, Del Oeste, de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de Moreno, Arturo Jauretche, de
José C. Paz, de Comechingones, de Hurlingham, del Alto Uruguay y de Rafaela.
Cada juez deberá
determinar quiénes fueron las autoridades de los empleados que tuvieron roles
preponderantes en el manejo de los fondos públicos recibidos.
Es una torpe maniobra de descrédito
DOCENTES Y ESTUDIANTES RECHAZARON LA DENUNCIA CONTRA 52 UNIVERSIDADES
Desde
diferentes miradas políticas, dirigentes de las federaciones de docentes y de
estudiantes coincidieron en que las acusaciones del fiscal Marijuán apuntan a deslegitimar a la educación pública
Publicado el 18/11/2016
Las federaciones de
estudiantes y docentes salieron a cuestionar la masiva denuncia que presentó
esta semana el fiscal federal Guillermo Marijuán contra 52 universidades,
prácticamente todas las casas de estudios públicas del país. Desde diferentes
sectores políticos, dirigentes estudiantiles y docentes señalaron que la
acusación sobre una supuesta malversación de fondos, sin pruebas ni indicios,
es parte de una avanzada que pretende deslegitimar a la educación pública.
“No podemos dejar de pronunciarnos ante una denuncia que pretende instalar que en nuestras universidades la corrupción es moneda corriente”, enfatizó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza. Agregó que los estudiantes universitarios se están viendo interpelados por un discurso “que busca de a poco volverse hegemónico y cuestionar el libre acceso y la gratuidad”. Mendoza, dirigente de Franja Morada, se manifestó en contra de informes y editoriales periodísticos que apuntan a instalar ese discurso.
“La denuncia tiene que ver con un ataque a la universidad en general, contribuye a desprestigiarla; y denota un desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario”, dijo a este diario Verónica Bethencourt, secretaria gremial de la federación docente Conadu. Para Bethencourt, la deslegitimación permite asediar a la universidad y a sus actores: “Este año nuestro salario se depreció diez puntos, eso también es un ataque a la educación. Como en los 90, se bajan los salarios y se subejecutan los presupuestos. En esas condiciones se van introduciendo elementos distorsivos del salario (plus y adicionales, entre otros programas) que permiten distintos tipos de actividades de los trabajadores, es el camino a la diferenciación salarial. Buscan imponer salarios básicos bajos, para que se completen con distintos adicionales. Así se condiciona la tarea intelectual”.
Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, su copresidente Adrián Lutvak (La Mella) calificó de “disparate” la denuncia de Marijuán y también la enmarcó en la reaparición de ciertos discursos en los medios y en medidas concretos del Gobierno. Y ejemplificó: “La anulación de un día para el otro de todos los convenios del Estado con las universidades; la devaluación; el tarifazo; la baja del salario docente y el recorte del 70 por ciento del presupuesto para infraestructura, entre otras cosas”.
Los dirigentes estudiantiles y docentes de izquierda compartieron la mirada, pero agregaron críticas al kirchnerismo. “La denuncia es una burda y torpe maniobra de descrédito, por eso cabe la sospecha de los objetivos que tiene. Se está buscando el arancelamiento, la elitización, la mercantilización y el achicamiento de la universidad”, afirmó Luis Tiscornia, secretario general de la Conadu Histórica, que hoy llamó a una huelga total. “Se pone en cuestión el rendimiento, la eficiencia; se observa a las universidades con los parámetros de una empresa. El macrismo utiliza los escándalos del pasado para justificar la profundización del ajuste del presente”, dijo el dirigente del PCR neuquino.
“Es verosímil que hubo un desmanejo presupuestario, otorgando presupuestos a dedo. Pero el Gobierno se vale de la corruptela universitaria para avanzar en medidas de privatización y arancelamiento”, opinó Julián Asiner, copresidente de la FUBA por el PO. “Hay un fortalecimiento de una línea derechosa, no quedan dudas –agregó–. Lo que no compartimos es que sea algo exclusivo del macrismo.”
En pleno conflicto por la reforma que se pretende introducir en la Universidad de Córdoba (ver aparte), Julieta Altube, vicepresidenta de la federación universitaria local por la agrupación kirchnerista La Bisagra, manifestó que la denuncia de Marijuán “va en sintonía con lo que busca el oficialismo en la UNC, que es el laboratorio de lo que se va a intentar llevar adelante después a nivel nacional”. Desde la Federación Universitaria de La Plata, Mateo Compagnucci (Miles) señaló que “se intenta construir un sentido común en contra de la educación pública, entendiendo que en los últimos doce años se avanzó mucho en el compromiso social”.
“No podemos dejar de pronunciarnos ante una denuncia que pretende instalar que en nuestras universidades la corrupción es moneda corriente”, enfatizó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza. Agregó que los estudiantes universitarios se están viendo interpelados por un discurso “que busca de a poco volverse hegemónico y cuestionar el libre acceso y la gratuidad”. Mendoza, dirigente de Franja Morada, se manifestó en contra de informes y editoriales periodísticos que apuntan a instalar ese discurso.
“La denuncia tiene que ver con un ataque a la universidad en general, contribuye a desprestigiarla; y denota un desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario”, dijo a este diario Verónica Bethencourt, secretaria gremial de la federación docente Conadu. Para Bethencourt, la deslegitimación permite asediar a la universidad y a sus actores: “Este año nuestro salario se depreció diez puntos, eso también es un ataque a la educación. Como en los 90, se bajan los salarios y se subejecutan los presupuestos. En esas condiciones se van introduciendo elementos distorsivos del salario (plus y adicionales, entre otros programas) que permiten distintos tipos de actividades de los trabajadores, es el camino a la diferenciación salarial. Buscan imponer salarios básicos bajos, para que se completen con distintos adicionales. Así se condiciona la tarea intelectual”.
Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, su copresidente Adrián Lutvak (La Mella) calificó de “disparate” la denuncia de Marijuán y también la enmarcó en la reaparición de ciertos discursos en los medios y en medidas concretos del Gobierno. Y ejemplificó: “La anulación de un día para el otro de todos los convenios del Estado con las universidades; la devaluación; el tarifazo; la baja del salario docente y el recorte del 70 por ciento del presupuesto para infraestructura, entre otras cosas”.
Los dirigentes estudiantiles y docentes de izquierda compartieron la mirada, pero agregaron críticas al kirchnerismo. “La denuncia es una burda y torpe maniobra de descrédito, por eso cabe la sospecha de los objetivos que tiene. Se está buscando el arancelamiento, la elitización, la mercantilización y el achicamiento de la universidad”, afirmó Luis Tiscornia, secretario general de la Conadu Histórica, que hoy llamó a una huelga total. “Se pone en cuestión el rendimiento, la eficiencia; se observa a las universidades con los parámetros de una empresa. El macrismo utiliza los escándalos del pasado para justificar la profundización del ajuste del presente”, dijo el dirigente del PCR neuquino.
“Es verosímil que hubo un desmanejo presupuestario, otorgando presupuestos a dedo. Pero el Gobierno se vale de la corruptela universitaria para avanzar en medidas de privatización y arancelamiento”, opinó Julián Asiner, copresidente de la FUBA por el PO. “Hay un fortalecimiento de una línea derechosa, no quedan dudas –agregó–. Lo que no compartimos es que sea algo exclusivo del macrismo.”
En pleno conflicto por la reforma que se pretende introducir en la Universidad de Córdoba (ver aparte), Julieta Altube, vicepresidenta de la federación universitaria local por la agrupación kirchnerista La Bisagra, manifestó que la denuncia de Marijuán “va en sintonía con lo que busca el oficialismo en la UNC, que es el laboratorio de lo que se va a intentar llevar adelante después a nivel nacional”. Desde la Federación Universitaria de La Plata, Mateo Compagnucci (Miles) señaló que “se intenta construir un sentido común en contra de la educación pública, entendiendo que en los últimos doce años se avanzó mucho en el compromiso social”.
https://www.pagina12.com.ar/3706-es-una-torpe-maniobra-de-descredito
Ante las denuncias presentadas
por el fiscal federal Guillermo Marijuán a las 52 universidades nacionales, el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declara:
1. El CIN sostiene y
defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación,
así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
2. Las universidades
nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos,
posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva
herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas
cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo
institucional sino, además, la gestión administrativa.
3. Las denuncias
mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de
hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar
procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque
generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
4. Respecto al
contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos
universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que
se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos,
resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de
absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como
externa, como señala la ley.
5. Esta actividad
jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la
identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia
de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin
duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que
realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos
sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los
estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.
6. Esperamos que, en
momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso
Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no
afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos.
7. Nos ponemos a
disposición del Poder Judicial, cuya independencia sostenemos para colaborar en
la forma más amplia posible, para que, con celeridad, se pueda avanzar en la
elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la
sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones.
8. En el
convencimiento de la probidad de nuestros procederes, continuaremos desde un
ejercicio responsable de nuestra autonomía, en el marco de libertad y
diversidad que caracteriza a la universidad argentina, con la formación de
recursos humanos, la producción de conocimiento y el permanente diálogo y
encuentro de saberes con la sociedad en pos de aportar a los procesos de desarrollo
de nuestro país.
Buenos
Aires
21 de noviembre de 2016
21 de noviembre de 2016
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