Desde diferentes posicionamientos, dos dirigentes sindicales analizan el
impacto del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios, ya
consensuado entre las partes y ahora en proceso de aprobación.
Pagina 12, Martes, 20 de mayo de
2014
Los representantes paritarios de las universidades nacionales están por
firmar el primer convenio colectivo de trabajo (CCT) que regulará la labor de
los trabajadores docentes de las universidades. La efectiva implementación de
algunos de sus artículos implicaría importantes transformaciones en beneficio
de los trabajadores. La regularización de los docentes interinos con más de
cinco años de ejercicio y el fin del trabajo gratuito son dos de las conquistas
más significativas. Sólo en la Universidad de Buenos Aires hay más de 10 mil
docentes que trabajan sin percibir salario y la regularidad en algunas
facultades no alcanza ni siquiera al 50 por ciento de los cargos.
El problema es que no está claro aún cuál será la fuerza efectiva de la
letra del CCT para obligar a las universidades nacionales a adecuarse a la
normativa. Si bien las federaciones de docentes lo suscribieron, muchos gremios
denunciaron la introducción de artilugios legales que lo volverían inocuo, dado
que permitirían a las autoridades ampararse en una interpretación regresiva y
oportunista de la autonomía universitaria (tal como lo hizo la UBA con motivo
de la ley jubilatoria de 2009).
En cualquier caso, y aunque las universidades no pudieran hacerlo, las
transformaciones en beneficio de la docencia no emanarán automáticamente del
texto aprobado. Supondrán fuertes disputas hacia adentro y hacia afuera de cada
universidad (por ejemplo, por un mayor y mejor distribuido presupuesto
universitario). En este contexto, pasó casi inadvertido un problema
especialmente preocupante: el futuro de la investigación en las universidades
argentinas.
Es un lugar común en los discursos del gobierno nacional y de quienes lo
apoyan señalar el empeño y el éxito sin precedentes que tuvo la política en
ciencia y tecnología (C&T) de la última década. Suele destacarse el vuelco
de recursos hacia el complejo científicotecnológico, que quedó bajo la
coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
creado en 2007. Esta política implicó el triunfo del modelo de desarrollo en
C&T que promueve la escisión entre el ámbito de investigación científica
(desarrollada básicamente en institutos dependientes del Ministerio de Ciencia)
y el de enseñanza superior (bajo la órbita del Ministerio de Educación). Esta
estrategia, que imita experiencias de otras partes del mundo, permite un
control más directo por parte del Poder Ejecutivo del contenido de las
investigaciones, porque logra sortear la autonomía –y, en casos como el
argentino, el cogobierno– consagrada por ley a las universidades. Por otra
parte, quita del escenario de la disputa sobre C&T a las representaciones
gremiales universitarias (docentes y estudiantiles), mucho más fuertes y
consolidadas que la de los científicos. Esto facilita el desarrollo de acuerdos
con el sector privado, en lo que hace a su inclusión en la financiación y
promoción de la ciencia, pero también –y mucho más importante– en lo que hace a
la apropiación privada del beneficio. Esto no es un secreto. Por el contrario,
es una de las banderas de la inversión en C&T por parte del gobierno
nacional. Su fuerte orientación hacia la producción y el mercado está presente
en todos los documentos que la orientan, en el discurso que la legitima y hasta
en el propio nombre dado al ministerio.
El desplazamiento de las universidades (o su control directo) es condición
necesaria para el éxito de este proceso, lo que impacta sobre el trabajo de los
docentesinvestigadores que se desempeñan en ellas. Y este CCT se muestra
llamativamente débil en este sentido: las menciones a la investigación son
prácticamente nulas y los derechos de los docentes en tanto investigadores
directamente no existen. Esto corona sutilmente un proceso muy debatido en sus
orígenes tras la creación del Conicet (en 1958) entre los científicos de aquel
entonces, y, paradójicamente, acríticamente celebrado hoy por muchos que
elogian a aquellos que lo cuestionaban.
* Secretario general de AGD (Conadu Histórica) en Filosofía y Letras (UBA),
docente e investigador.
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